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De acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley General Tributaria, las deudas tributarias pueden quedar oficialmente extinguidas mediante pago, por prescripción, por compensación y por condonación.

En este artículo nos centraremos en la extinción por prescripción, es decir en la extinción del crédito tributario, motivado por la inactividad del titular durante un plazo legal determinado.

Cuando se habla de la extinción por prescripción, es de suma importancia conocer los plazos de prescripción de la deuda tributaria existentes y, sobre todo, las causas que pueden interrumpir dichos plazos.

Según la Ley General Tributaria, el plazo general para la extinción de la deuda tributaria es de 4 años. Un periodo que se empieza a contar a partir del plazo reglamentario y voluntario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación.

Pasados esos cuatro años, la Administración no podrá exigir el pago de la deuda tributaria y de las correspondientes sanciones. Ahora bien, como autónomo, perderás tu derecho a poder llevar a cabo cualquier acción derivada como la solicitud de la devolución de ingresos indebidos, entre otros.

Aunque tal y como hemos dicho el plazo general de prescripción de una deuda es de 4 años, Hacienda podría enviarte una notificación, interrumpiendo así el proceso y el plazo de prescripción. Esto puede suceder en aquellos casos en los que exista alguna de las siguientes causas:

      • Una interposición de reclamaciones o recursos.
      • Una actuación de Hacienda para llevar a cabo la devolución o el reembolso.
      • Una declaración de concurso de acreedores por parte del deudor.
      • La recepción de la comunicación de un órgano judicial.

Por lo que, si recibes una notificación por parte de Hacienda, el plazo de prescripción cambiará. Pasará de 4 a 8 años. Este plazo también puede verse ampliado a 10 años en aquellos casos en los que sea necesaria una comprobación de las deudas o deducciones compensadas o pendientes.

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